Hay decisiones que no admiten marcha atrás: entrar como socio en una sociedad, adelantar el cuarenta por ciento de un pedido a un proveedor nuevo, alquilar una nave a una empresa recién constituida, firmar una distribución en exclusiva con quien se presenta con una trayectoria impecable. Mientras se negocia, todo son facilidades. Cuando el dinero ya ha salido, la conversación cambia de naturaleza: deja de ser una negociación y pasa a ser una reclamación. Y las reclamaciones se sostienen sobre lo que se pueda documentar, no sobre lo que se recuerde haber oído en una reunión.
La verificación patrimonial previa —lo que en el ámbito empresarial se conoce como due diligence— existe para evitar llegar a ese punto. No consiste en desconfiar de todo el mundo, sino en comprobar, antes de comprometer dinero, que lo que la otra parte afirma coincide con lo que consta. En la mayoría de los casos coincide. El valor de la comprobación está en los casos en que no.
Lo que suele fallar: la distancia entre lo que se dice y lo que consta
En las operaciones que acaban mal, el problema casi nunca aparece de golpe. Hay señales previas que no se leyeron a tiempo porque nadie las buscó:
- Sociedades constituidas hace unas semanas presentadas como empresas con años de recorrido.
- Administradores que entran y salen del cargo con una frecuencia que no encaja con un proyecto estable.
- Un domicilio social que resulta ser un buzón o un despacho compartido sin actividad alguna.
- Un patrimonio personal que se transmitió a terceros o a sociedades vinculadas poco antes de iniciar la negociación.
- Una actividad real que no corresponde al objeto social declarado.
- Referencias comerciales que, al contrastarlas con los terceros citados, nadie confirma.
Ninguno de estos datos es, por sí solo, prueba de nada. En conjunto, y debidamente documentados, dibujan un perfil que permite decidir con información en lugar de con intuición.
El marco legal: interés legítimo y Ley 5/2014
La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada regula en su artículo 48 los servicios de investigación privada y condiciona su prestación a la existencia de un interés legítimo acreditado por quien realiza el encargo. Quien va a aportar capital a una sociedad, a conceder un aplazamiento de pago relevante, a arrendar un inmueble de su propiedad o a vincularse contractualmente con un tercero tiene un interés legítimo evidente en conocer la realidad patrimonial y societaria de esa contraparte.
Ese interés legítimo es la puerta de entrada y también el límite: define hasta dónde puede llegar la investigación. Todo lo que exceda de ese objeto no se investiga, no se documenta y no se entrega.
Qué puede comprobar legalmente un detective privado habilitado
El trabajo se apoya en fuentes lícitas y en observación realizada desde espacios públicos. En una verificación patrimonial y societaria previa a la firma, eso se traduce en actuaciones como:
- Consulta y análisis de información registral y documental de acceso público: Registro Mercantil, BORME, Registro de la Propiedad, boletines y publicaciones oficiales.
- Comprobación de la existencia y la actividad real en el domicilio social o en los centros de trabajo declarados.
- Identificación de administradores, apoderados y vínculos societarios que figuren en fuentes públicas.
- Contraste de las referencias comerciales facilitadas con los terceros que se citan como aval de la operación.
- Localización de bienes y activos inscritos a nombre del investigado o de sociedades vinculadas a él.
- Trazabilidad de transmisiones patrimoniales realizadas en fechas próximas al inicio de la relación comercial.
- Verificación de la trayectoria profesional declarada, cuando la operación implica incorporar a una persona con responsabilidad directiva.
Qué queda fuera, en todos los casos
Un informe solo sirve si se sostiene. Por eso hay métodos que un despacho habilitado no emplea, con independencia de lo útiles que pudieran parecer:
- No se instalan dispositivos de geolocalización sin autorización del titular ni resolución judicial.
- No se accede a comunicaciones, correo electrónico, mensajería ni dispositivos ajenos.
- No se obtienen datos bancarios, fiscales o de la Seguridad Social procedentes de fuentes no autorizadas.
- No se investiga en el interior de domicilios ni en espacios reservados a la vida privada.
- No se indaga sobre aspectos de la vida íntima ajenos al objeto del encargo.
El tratamiento de los datos se somete al Reglamento General de Protección de Datos y a la LOPDGDD: se recoge únicamente lo pertinente para la finalidad del encargo, se limita su conservación y se entrega exclusivamente a quien lo contrató. Una prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales no solo es inútil: compromete a quien la aporta.
Del dato al informe: qué valor tiene en un juicio
Si la operación llega a judicializarse, el informe de detective tiene una vía procesal propia. Como documento sobre hechos, se aporta con la demanda o con la contestación conforme al artículo 265.1.5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y si la parte contraria no reconoce su contenido como cierto, el detective comparece en el acto del juicio para ratificarlo e interrogarle sobre los hechos consignados, según el artículo 380 de la misma ley, que establece expresamente que no procede la tacha del testigo por razón de interés en el asunto por el hecho de que el informe se haya elaborado por encargo de una de las partes.
Esa previsión es relevante en el ámbito económico, donde la contraparte suele cuestionar primero el origen de la prueba y después su contenido.
Cuándo tiene sentido encargar la verificación
No todas las operaciones la justifican. Sí suelen justificarla:
- La entrada de un nuevo socio o la aportación de capital a una sociedad.
- El arrendamiento de un local o una nave a una mercantil de la que no se tienen referencias.
- Un aplazamiento de pago o una línea de crédito comercial de importe relevante.
- La firma de un contrato de distribución, agencia o suministro en exclusiva.
- La incorporación de un directivo con acceso a información sensible.
- Cualquier operación en la que la otra parte imponga una urgencia que no se explica por sí sola.
Detective privado en Málaga y la Costa del Sol
En la Costa del Sol confluyen inversión inmobiliaria, sociedades de reciente constitución, operadores de paso y contrapartes con intereses en el extranjero. Es un entorno en el que verificar antes de firmar resulta especialmente razonable, y en el que conocer el terreno —de Mijas Costa y Fuengirola a Marbella, Estepona, Torremolinos o la capital— acorta plazos.
Como detective privado en Málaga, el trabajo se orienta a un resultado concreto: entregar al cliente, y a su abogado o asesor, un documento que permita decidir con fundamento y que, si llega el caso, pueda sostenerse ante un juzgado.
Si la operación afecta a su empresa, puede ver todos nuestros servicios en detectives para empresas.
Consulta confidencial, sin compromiso
Si está a punto de firmar una operación y hay algo que no termina de encajar, podemos valorar el caso antes de que dé el paso. La primera consulta es confidencial y sin compromiso, y respondemos en menos de 24 h.
Escríbanos a info@jlmdetectives.com indicando brevemente la situación y el plazo del que dispone. Le diremos con franqueza si la investigación aporta valor en su caso y qué puede esperarse de ella.
JLM Detectives & Asociados · Despacho de investigación privada inscrito en el R.N.S.P. con el n.º 11746 · Detective director T.I.P. n.º 6585 · Mijas Costa (Málaga)